Hermosillo, Son., noviembre 8 de 2018.- Con el objeto de ampliar y precisar información contenida en el informe del estado que guarda la administración pública estatal en sus diversos ramos, presentado a esta Soberanía el pasado 13 de octubre, la LXII Legislatura aprobó citar a comparecer ante el Pleno a los titulares de las secretarías de Economía, Salud Pública y Contraloría General del Gobierno del Estado.

 

También serán citados los encargados de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura, los directores generales del Transporte, del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, del ISSSTESON y de TELEMAX, así como los fiscales Anticorrupción y de Delitos Electorales, establece el Acuerdo presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP.

 

Agrega que, como resultado de la reciente revisión de las cuentas públicas del Estado y de los municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2017, se estima procedente citar a comparecer ante la Comisión de Fiscalización, al titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, leyó ante el Pleno el diputado Gildardo Real Ramírez.

 

“Quienes suscribimos la presente iniciativa consideramos la evidente necesidad de ampliar la información de diversas dependencias contenida en el documento entregado por la Gobernadora del Estado respecto a su tercer año de labores, por lo que estimamos necesario que este Poder Legislativo ejercite la facultad dispuesta en la fracción XXVII BIS del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora”, establece la exposición de motivos.

 

Esta facultad establece que el Congreso puede citar, únicamente, al Secretario de Gobierno y los demás secretarios de Estado, al Fiscal General de Justicia, fiscales especializados en materia de delitos electorales y anticorrupción; a los directores y administradores de los organismos descentralizados o de las empresas de participación estatal mayoritaria; presidentes municipales, funcionarios municipales y equivalentes de los ayuntamientos.

 

“Es importante señalar que el informe que presenta la titular del Ejecutivo estatal a esta Soberanía, respecto al estado que guarda la administración pública estatal, se constituye como un mecanismo de control destinado a identificar y apreciar a las dependencias del Ejecutivo en su desempeño, rindiendo cuentas a los sonorenses, los cuales se encuentran representados por quienes integramos este Poder Legislativo”, se lee en otra parte de la exposición de motivos.

 

Las fechas y horas en las que se desarrollarán las comparecencias serán acordadas por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y se darán a conocer con oportunidad.

 

En el orden del día siguió la presentación de un Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve modificar el punto primero del Acuerdo número 14 aprobado el pasado 14 de octubre, con el fin de modificar la integración de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con el objeto de sustituir al diputado Norberto Ortega Torres por la diputada María Magdalena Uribe Peña, a propuesta del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

 

La comisión quedó de la siguiente manera: Presidente, Jesús Alonso Montes Piña; secretario, Héctor Raúl Castelo Montaño; secretaria, Gricelda Lorena Soto Almada; secretario, Norberto Ortega Torres; secretario, Jorge Villaescusa Aguayo; secretaria, Nitzia Corina Gradías Ahumada; secretario, Jesús Eduardo Urbina Lucero; secretaria, María Dolores del Río Sánchez; secretaria, María Magdalena Uribe Peña.

 

La presentación de este Acuerdo generó la participación de diversos legisladores en el sentido de que con la nueva conformación de los grupos parlamentarios, al renunciar tres diputados (uno al PT y dos al PES), quienes se sumaron a MORENA, sería necesario modificar la integración del resto de las comisiones. Finalmente el Acuerdo fue aprobado por mayoría como lo presentó la CRICP por los grupos parlamentarios del PRI, PES, PT, PAN, Nueva Alianza y PVEM.

 

Al continuar la sesión ordinaria, el Pleno aprobó un Acuerdo mediante el cual este Poder resuelve exhortar a la titular del Ejecutivo estatal, en su calidad de Presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que en el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019 incremente los recursos que se asignan a los pueblos y comunidades indígenas.

 

La diputada Rosa María Mancha Ornelas informó que actualmente el presupuesto asciende a 35 millones 851 mil 530 pesos, recursos que son aplicados por la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, lo que representa casi un 10 por ciento de lo que el Poder Ejecutivo debe destinar al rubro indígena en el año, de acuerdo al eje rector: “todos los sonorenses, todas las oportunidades.

 

Agregó que según los cálculos que resultan de lo dispuesto en los artículos 56, 57 y 58 de la Ley en la materia, a los pueblos y comunidades indígenas deberían destinarse más de 300 millones de pesos para el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas.

 

En el siguiente punto del orden del día, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto, dijo, de eliminar la cultura del abuso sexual en el Estado.

 

Propuso aumentar las penas en los delitos como hostigamiento sexual, acoso sexual, abusos deshonestos, estupro, violación, rapto e incesto, y que sus sanciones no sean menores a las establecidas por el delito de abigeato, además que se persigan de oficio el hostigamiento sexual, el acoso, el estupro y el rapto. Las sanciones irían de ocho a 16 años, en otros casos hasta 20 y 30 años de prisión.

 

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que a la de Gobernación y Puntos Constitucionales se envió la presentada por el grupo parlamentario de Nueva Alianza, con proyecto de ley que adiciona un artículo 25-G a la Constitución Política del Estado de Sonora.

 

El diputado Fermín Trujillo Fuentes expuso ante el Pleno que la importancia de atender las problemáticas de las poblaciones rurales e invertir en su desarrollo no sólo es cuestión de justicia social, sino que es un requisito indispensable para alcanzar un verdadero progreso económico en el Estado, que se mida de manera integral y no sólo en base a los indicadores que arrojan las grandes ciudades.

 

Propuso adicionar al texto constitucional sonorense el concepto de Municipio Rural, con el objeto de que se reconozca la importancia de las localidades y los municipios rurales, que son pequeños poblacionalmente, pero grandes en la calidad de su gente y por contener gran parte de los recursos naturales que generosamente ofrece el Estado de Sonora. Se reconocería así a los municipios con 50 mil habitantes o menos.

 

Al continuar la sesión, el diputado Martín Matrecitos Flores presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al Ayuntamiento de Hermosillo, para que reduzca en al menos un 50 por ciento las multas que se aplican por faltas a los diversos reglamentos municipales, en especial al de Tránsito, a fin de que los montos sean acordes a la gravedad de las faltas y en concordancia con los niveles de ingresos de la población.

 

Indicó que a finales de 2016, el Ayuntamiento de la capital aprobó una serie de incrementos desmesurados a las multas que se aplican por infracciones a diversos reglamentos municipales, de manera que durante 2017 se registraron incrementos que iban de 25 hasta 400 por ciento, ya que por ejemplo, la multa por arrojar basura en la vía pública se elevó de 10 a 20 salarios mínimos, que actualmente se convierten a Unidades de Medida y Actualización.

 

Actualmente una UMA tiene un valor de 80.60 pesos, por lo que una multa por arrojar basura se cobra en alrededor de mil 612 pesos, sostuvo.

 

Consideró que es necesario que la nueva administración municipal de Hermosillo no sólo realice descuentos en el cobro de recargos  por adeudos de multas, sino que lleve a cabo reducciones de al menos un 50 por ciento en los montos de éstas, a fin de que sean más apegadas a la gravedad de las faltas y a la economía de los hermosillenses.

 

Otro Acuerdo aprobado por el Pleno es el que resuelve emitir un exhorto a la titular del Ejecutivo estatal y a los 72 ayuntamientos, a efecto de que en la elaboración de los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, y el Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019, se tomen en cuenta diversos criterios, informó la diputada Diana Platt Salazar.

 

Estos son: 

1.       En los proyectos de leyes de ingresos, no más impuestos que afecten la economía del ciudadano, ni incrementos desmedidos a los existentes;

2.       Que el Presupuesto de Egresos sea en atención a un gasto eficiente, adecuado, honesto y transparente;

3.       Ordenar el gasto público en atención a la realidad social y priorizar rubros de interés social, y de beneficio directo al ciudadano.

4.       Eliminar gastos superfluos e innecesarios, redireccionándolos en materia de salud, educación, seguridad y grupos vulnerables;

5.       Disminuir la deuda pública, con el fin de caminar hacia finanzas sanas.

Como penúltimo punto del orden del día, se aprobó el dictamen presentado por la Primera Comisión de Hacienda, mediante el cual se resuelve desechar y declarar improcedentes diversos escritos turnados a la Primera Comisión de Hacienda. La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 13 de noviembre, a las 10:00 horas.

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