Hermosillo, Sonora (14 de abril de 2019). - Mejorar el desempeño público del poder gubernamental en beneficio de la ciudadanía, es el propósito de la iniciativa con proyecto de Ley que pretende crear el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Sonora.

La legisladora por el XIX distrito, Gricelda Lorena Soto Almada explicó que Sonora cuenta con disposiciones jurídicas que regulan la planeación del desarrollo, que fueron creadas en el año 1986, sin embargo, en la actualidad se requiere de un nuevo reglamento que evalúe de manera objetiva los resultados de los programas presupuestarios de los tres poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, Ayuntamientos, y todos aquellos organismos públicos descentralizados de los distintos niveles de gobierno respectivamente públicos y obligados.

"La ciudadanía sigue sin tener las herramientas necesarias para juzgar la eficiencia de los servicios públicos que se financian con sus impuestos y los criterios utilizados para invertir el dinero de todos. La gente tiene derecho a conocer cómo se invierte su dinero para mejorar los servicios con calidad, y, desde luego los más esenciales, como: salud, educación, transporte, agua, que en conjunto persigue un desarrollo justo y sustentable para su beneficio", manifestó.

Subrayó la importancia de que el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Sonora, se integre con académicos, investigadores, así como otros profesionistas de honorable respeto y reconocimiento mediante sus aportaciones al estado y sociedad, mediante una convocatoria pública y abierta.

"Es indudable, que la responsabilidad y facultad de ejercer el Gobierno Estatal recae en la Titular del Ejecutivo como mandato constitucional. Es claro, como el buen dicho popular dice, que el buen juez, por su casa empieza, ¿qué quiero decir con esto?, que como poderes del Estado y sus órganos de la administración pública y municipios, deben de ser evaluados, por un organismo con independencia absoluta conforme a la disciplina académica, científica, institucional, que a su vez también coadyuve mediante la capacitación, cooperación hacia las autoridades en todos sus niveles de Gobierno, para su mejor desempeño en un tiempo determinado", afirmó.

Indicó que las evaluaciones de este instituto habrán de constituir procesos de aplicación de un método sistemático que permitirá conocer, explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de las políticas públicas y los programas presupuestarios de los entes públicos. Con ello, se detectarán aciertos y fortalezas, al identificar problemas y en su caso, formular las observaciones y recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento.

El instituto deberá propiciar la consulta y participación de la ciudadanía y actores interesados en la evaluación de las políticas públicas, promoviendo estudios de opinión de la sociedad, así como foros, consultas, paneles con representantes de la sociedad civil en general. Así mismo, los resultados de sus actividades deberán ser accesibles a la ciudadanía interesada, y se incorporarán a la página electrónica del instituto.

Una vez recibidas por escrito las recomendaciones, los entes públicos, contarán con diez días hábiles, para aceptar o no, cada una de las recomendaciones.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera y Segunda de Hacienda para su análisis y dictamen.

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